IDEAL

Fernando López Castellano Profesor de Hª de las Ideas y del Análisis Económico

Universidad de Granada

Jueves, 8 de Diciembre de 2005

TRANSCRIPCIÓN DE LA NOTICIA

El próximo martes, día 13 de diciembre, se inicia en Hong Kong la VI Conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) , con el firme propósito de cerrar la última ronda de negociaciones comerciales lanzada a finales de 2001 en la denominada Agenda de Desarrollo de Doha. Para alcanzar el objetivo de liberalización total del comercio internacional, en la agenda de negociaciones se incluyen las relativas al Acuerdo General para el Comercio de Servicios (AGCS), que rige el comercio de todos los servicios y afecta a ámbitos tan dispares como el medio ambiente, la cultura, los recursos naturales, el agua potable, los transportes, el servicio de correos o los municipales, la salud, la educación, siempre que no sean suministrados 'en ejercicio de las facultades gubernamentales' ni provistos en condiciones comerciales ni en competencia con otros proveedores.

La cumbre llega marcada por una absoluta falta de transparencia y las negociaciones siguen siendo una incógnita para una sociedad civil desinformada y soslayada desde el principio. Hasta ahora, gran parte de los países menos desarrollados habían logrado incluir determinadas cláusulas para salvaguardar el sector servicios y mantener la libertad de elección de políticas. Los países decidían los subsectores a liberar a la competencia y en qué condiciones ('enfoque de lista positiva'); y ante la petición apertura de un determinado subsector por parte de un país, podían aceptar o negarse, y marcar el ritmo de apertura en caso afirmativo ('solicitud y oferta'). Recientemente, se ha recrudecido el debate ante la petición por parte de los países industrializados a los países menos desarrollados de acelerar el ritmo de liberalización de los servicios de cara a la VI Conferencia. Una de las propuestas más radicales, la directiva Bolkestein, ha surgido del seno de la Comisión Europea (CE), y persigue la supresión gradual de las restricciones nacionales acogiéndose al principio 'país de origen', que sujeta a las empresas a la legalización del país donde radique su sede social, sin que los Estados receptores puedan imponer restricciones o controles de su actividad.

La VI Conferencia de la OMC tiene como objetivo desbloquear unas negociaciones paralizadas y lograr que el mundo funcione como un gran mercado, y se insipira en un proyecto que el filósofo francés, Pierre Bourdieu, denominó 'Utopía en vías de realización'. Este es un programa de conocimiento, que se apoya en la concepción científica de la realidad que le suministra la teoría económica 'neoliberal', y se convierte en un programa político de acción orientado a hacer realidad la teoría. Si se parte de una visión económica que concibe la intervención estatal como un elemento distorsionado del proceso racional de distribución de recursos a escala global y considera al comercio internacional como motor del desarrollo y del que se esperan beneficiosos efectos en materia de eficacia, innovación, calidad y ahorro para los consumidores, estaría justificada una acción política dirigida a desregular y liberalizar toda la actividad económica.

Pese a que los líderes de la OMC han rechazado toda posibilidad de que la aplicación del AGCS lleve a la privatización de los servicios públicos, desde algunos colectivos sociales se teme que la idea de someter los servicios a las leyes del mercado, se extienda, a medio plazo, a otros más sensibles como la salud, la educación o la seguridad social, con graves perjuicios para los mecanismos de protección y de redistribución sociales, y con un incremento del riesgo de desvertebración del mercado laboral y de inestabilidad, porque ningún país es estable sin instrumentos para hacer frente a los riesgos sociales. La preocupación por la pérdida de derechos básicos es perceptible en los países industrializados a tenor de la Declaración Sindical Internacional de 13 de junio de 2005, que denunciaba las presiones de las grandes empresas de Servicios dirigidas a liberalizar el sector, advertía de los peligros sobre la capacidad reguladora del Estado, y reivindicaba acciones para evitar que el traslado transfronterizo temporal de personas tuviera efectos negativos sobre los derechos de los trabajadores. En los países en vías de desarrollo las negociaciones del AGCS se perciben como una amenaza para un sector; el de los servicios públicos, tan sensible a nivel social y tan castigado tras décadas de ajuste estructural de los programas del FMI y del Banco Mundial.

El acceso universal a los servicios públicos y su financiación mediante una fiscalidad solidaria, son fundamentales en el ámbito de la reducción de las desigualdades sociales y territoriales. Democracia política y democracia social van unidas, y de esa unión emanan contrapoderes que contrarrestan la fuerza de los intereses particulares. Si se hiciera realidad el programa que lleva a la privatización de los servicios públicos y reduce al Estado a las funciones de orden público y justicia, se sustituiría un vínculo social sustentado en un servicio público guiado por el criterio del interés social y el objetivo de satisfacer necesidades sociales, por un nuevo vínculo dirigido por la lógica del beneficio y la satisfacción de necesidades privadas. En fin, el ciudadano, sujeto de derecho, se convertiría en consumidor; sujeto de consumo. De lo que se trata es de perfeccionar la eficacia de los servicios públicos, aumentando su financiación, mejorando su calidad y garantizando el acceso de todos en condiciones de igualdad. Proponer su desmantelamiento amparándose en su gradual deterioro es lo mismo que confundir talar un árbol con podarlo. Hay que reconstruir la retórica legitimadora de esa política y definir las reglas necesarias para evitar la desregulación cause estragos irreversibles y derive en la sociedad hobbesiana de la guerra de todos contra todos.